GENERALES

28 de noviembre de 2017

 La designación de una nueva titularidad en la cabeza del Ministerio Público Fiscal genera expectativas optimistas en todos los que imaginamos una vuelta a la normalidad republicana y democrática, que deje atrás una gestión que estuvo signada por la vinculación a intereses partidarios o a los grupos de opinión de sectores políticos.

 En estos últimos años, se produjeron muchas decisiones motivadas por favoritismos personales y direccionamientos partidarios. Fue así que tuvieron lugar diversas medidas que se apartaron del mandato constitucional previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional, entre las que se cuentan, por ejemplo:

-la obligación de informar si un integrante del MPF se encuentra asociado a alguna entidad (según indicaba la última hoja del instructivo de DDJJ patrimonial);

-recategorizaciones arbitrarias de Secretarios de 1ra. Instancia, a quienes se les dio rango de Secretario de Fiscalía General mediante meros actos administrativos;

-omisión deliberada de no considerar a los Funcionarios para eventuales reemplazos del Fiscal de la dependencia;

-traslados irregulares de Fiscales;

-concursos amañados y realizados en el completo oscurantismo;

-apertura de sumarios disciplinarios con objetivos persecutorios;

-designaciones de Auxiliares letrados sin intervención de los Magistrados a cargo de la dependencia;

-designaciones directas en la estructura central, sin concurso previo.

 En Compromiso Judicial deseamos que se corrija el rumbo con la designación de una persona que honre el cargo respetando la Constitución Nacional y la trayectoria de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.