GENERALES

08 de noviembre de 2018

A raíz del proyecto de ley presentado el pasado 31 de octubre por un grupo de diputados nacionales, en orden a procurar la fragmentación y traspaso de la Justicia Nacional en lo Civil y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa con actuación por ante aquella, desde Compromiso Judicial queremos manifestar y transmitir nuestro más enérgico rechazo, tanto a la iniciativa como a los presuntos fundamentos en los que se dice sustentar.

La invocación de argumentos vinculados a la supuesta autonomía municipal no hace sino solapar, una vez más, la velada intención de desmantelar y debilitar al Poder Judicial y los Ministerios Públicos nacionales, al propio tiempo que procura declaradamente detraer de sus respectivas jurisdicciones presupuestarias recursos de la Nación en beneficio de “uno” de los Estados que la componen.

Resulta inadmisible que los integrantes de esos Poderes del Estado Nacional -tanto magistrados, como funcionarios y empleados-, sean violentamente despojados de los derechos y garantías funcionales que les asisten, o bien compelidos a ingresar en un régimen de retiro “voluntario” o de pasividad “disminuida”, so riesgo de que en caso negativo resulten sometidos a regímenes de estabilidad que difieren de aquéllos en virtud de los cuales han asumido sus funciones actuales y son propios de un distrito que ostenta una organización institucional distinta.

Asimismo, no puede soslayarse que los recipiendarios de la actuación de la Justicia Nacional Civil no son únicamente los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y que los “importantes niveles de eficiencia y eficacia” de la justicia local que se declaman no se condicen con la permanente intención de sus integrantes de cubrir vacantes en la Justicia Nacional, ni con las críticas que arrecian desde las instituciones representativas de la abogacía respecto de su funcionamiento.

Por último, nos hacemos un deber señalar la inseguridad jurídica y el verdadero desconcierto que provoca la iniciativa en relación con aquellos asociados que, con lógico y denodado esfuerzo, han participado de concursos para cubrir vacantes en fiscalías, defensorías o judicaturas a traspasar, puesto que el “congelamiento” de las mismas o la sola “no remisión” del respectivo pliego al Senado por parte del Poder Ejecutivo entraña la frustración de legítimas expectativas, a la par de provocar una inestabilidad repudiable, con directo resentimiento sobre el servicio de justicia.

En razón de ello, desde la conducción de la Asociación ejerceremos con firmeza la defensa de los intereses de los asociados y desplegaremos las acciones tendientes a impedir que este tipo de propuestas se desarrollen.

 

Los Magistrados y Funcionarios también tenemos derechos.

Ahora tenemos quien los defienda.

 

 

OSCAR AMEAL | Presidente

 

LEÓNIDAS MOLDES | Vicepresidente

 

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