GENERALES

20 de agosto de 2021

Desde Compromiso Judicial, rechazamos enfáticamente el ataque a la independencia del Poder Judicial de la Nación realizado desde organismos del Estado como el que pretende la Inspección General de Justicia a través de la Resolución General 12/2021 a través de la promoción de un pedido de juicio político contra los magistrados integrantes de la Sala C de la Excma. Cámara Nacional en lo Comercial como consecuencia de lo decidido en una causa judicial.

Más allá de la opinión jurídica que cada uno pudiera tener respecto de resoluciones que los jueces adopten en el desempeño de su rol constitucional, existen mecanismos procesales pertinentes para la revisión de esas decisiones. Mas, en un Estado de Derecho, los magistrados no pueden ser perseguidos por el contenido de sus sentencias como expresamente lo prevé el artículo 14 inciso B de la ley del Consejo de la Magistratura.

La utilización del mecanismo de promoción de un juicio político como el que se pretende desde un órgano del Estado Nacional violenta frontalmente lo previsto en los artículos 2.5 y 3.1 del Estatuto Universal del Juez e importa pretender amedrentar a los magistrados requiriendo su remoción por el sólo hecho de no compartir un decisorio que han dictado según su convicción.

Exhortamos al Consejo de la Magistratura a que, para el caso de concretarse el pedido de juicio político que se indica en el artículo 3 de la Resolución General 12/2021 (I.G.J.), que el mismo sea desestimado “in límine”.

Invitaremos a la Asociación de Magistrados a que acompañe esta posición en su próxima reunión de autoridades.