GENERALES

18 de julio de 2022

Un Estado de Derecho debe funcionar con absoluta independencia de cada uno de sus poderes, a fin de llevar adelante con autonomía sus mandas constitucionales.

El delgado equilibrio en el juego de frenos y contrapesos debe hacerse realidad. La prudencia en las reacciones ha de primar, a fin de resguardar la institucionalidad, más allá de los descontentos individuales.

Para ello, deben culminar las reiteradas y destempladas denostaciones públicas dirigidas a los jueces y juezas que atienden casos sensibles a la sociedad. Hay que recordar que estos jueces y juezas, cuestionados/as constantemente por diversos sectores enfrentados con motivo de sus decisorios, adoptan sus decisiones en el marco de un debido proceso, en vigencia de la garantía de defensa en juicio y el acceso a la doble instancia, garantías básicas de protección constitucional.

Compromiso Judicial exhorta y llama a la reflexión al funcionariado de otros poderes, que incentiva el descreimiento de la ciudadanía en la administración de justicia.

Estas acciones conforman supuestos de gravedad institucional, pues conspiran contra un estado republicano y democrático, que debe garantizar con el mayor recelo el funcionamiento regular de sus instituciones.